PSOE Y PP aprueban por la vía de urgencia, modificar el artículo 49 de la Constitución para cambiar la palabra disminuido por persona con discapacidad.

En la exposición de motivos se reseña que “resulta patente que la redacción original de artículo 49 de la Constitución de 1978 precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido, y para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo”. Es necesario, continúa el texto, “proceder a la reforma de manera que este precepto vuelva a ser referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España”.

Por fin los gobernantes de nuestro país escuchan la reivindicación tan antigua de las asociaciones de familiares y de personas con discapacidad. Un colectivo olvidado y denostado por los poderes públicos. Tal vez porque piensan que nuestro voto no cuenta y no tenemos la autonomía suficiente para decidir por nosotros mismos. Esto es una ingenuidad, porque no somos personas discapacitadas sino con capacidades diversas. Di-capacitados, no discapacitados.

No conozco a nadie incapaz a no ser que esté en coma o muerto. Sabemos como queremos que nos traten en el caso de que nos priven de la libertad.

Así como reza el artículo 25 de la sección de los Derechos y deberes fundamentales:

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad (en ningún caso habrán de utilizarse medidas de contención física) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

La Constitución debe proteger a los más desfavorecidos, especialmente a las mujeres y menores con discapacidad. Esto es lo que se llama discriminación positiva.

Como muy bien señala Núñez Feijóo: «Cuando se quiere, se puede». A partir de ahora, el término utilizado será, al menos, un término digno.

Como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».

El Ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la Secretaria General del PP, Cuca Gamarra, han intensificado sus contactos desde el martes pasado en el marco de una negociación. El Ministerio de Derechos Sociales ha pedido que la proposición de ley se abra a todos los grupos políticos para lograr un consenso más amplio, y el nuevo equipo liderado por Pablo Bustinduy ha impulsado una declaración institucional para urgir la reforma en el Consejo de Ministros del 28 de noviembre.

Bustinduy se ha felicitado por la «victoria histórica de las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad civil» después del registro. Ha confirmado que apoyará incondicionalmente la reforma, pero ha criticado el hecho de que la propuesta solo fuera acordada por el PP y el PSOE. «Debería haber sido presentada por todos los grupos políticos«, escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde también afirmó que la reforma «no es exclusiva ni mérito de ningún partido«.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, avanzaron las condiciones del pacto hace aproximadamente una semana. A pesar de no llegar a un acuerdo en varios asuntos, lograron sacar adelante la reforma constitucional. Feijóo afirmó que Sánchez aceptó no celebrar un referéndum sobre la reforma y que cualquier enmienda durante el trámite parlamentario requeriría el acuerdo tanto del PP como del PSOE.

Así cambia el artículo 49

La redacción en vigor hasta ahora decía así:

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos

Y el nuevo artículo queda de esta manera:

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.